Puebla

Con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y la centralización del acceso a la justicia, el gobierno de Puebla está obligado a instalar nuevas unidades, independientes de las dos que existen en la Coordinación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C5 y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esto con el fin de garantizar que todo ciudadano acceda de manera imparcial a la justicia en la entidad, como lo marca la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, publicada el pasado 17 de julio de 2011, luego de confirmar en su Artículo Segundo Transitorio la desaparición de las agencias del Ministerio Público.

Consideramos que la nueva norma resulta inoperante, al centralizar toda la atención de la investigación de los delitos en únicamente dos unidades, dejando a la ciudadanía en el desamparo y violentado sus derechos humanos.

Además el nuevo sistema inhabilitó los distritos judiciales que conformar la Zona Centro de Puebla.

Esto significa que ahora cualquier víctima de un delito tendrá que invertir mayor tiempo y recursos económicos para trasladarse a la Fiscalía o al C5, donde deberá interponer su denuncia.

En resumen: el nuevo sistema penal acusatorio en Puebla resultó igual de inoperante, disfuncional e ineficiente que las reformas a la Ley Orgánica Municipal y la desaparición de los registros civiles en las juntas auxiliares, que después fue enmendada por la autoridad tras su fracaso.

Para sostener los señalamientos están los datos duros dados a conocer la semana pasada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó una caída del 35 por ciento de las denuncias presentadas entre los meses de junio y julio pasado, por el desmantelamiento de las Agencias del Ministerio Público.

En el estudio, se precisa que el nuevo Sistema de Justicia Penal en la entidad reveló el incremento en un 3 por ciento de los homicidios y 20 por ciento de las violaciones, tan sólo en estos dos últimos meses.

En tanto, los índices de secuestros pasaron de cero a cinco casos.

Tal información reafirma que la homologación en Puebla de dicha norma de justicia sólo ha generado una masiva carga de trabajo a los servidores públicos y agentes adscritos a las unidades de flagrancias.

Además resulta contrario al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del 2013, en su meta “México en paz”, la cual establece como prioridades del gobierno la seguridad pública y la seguridad nacional.

En ese sentido, es necesario contar con una adecuada procuración de justicia que permita alcanzar estos objetivos en la entidad, más allá de homologar la medida.

La Fiscalía General del Estado representa el instrumento y el medio para lograrlos, pero es necesario que cuente con una estructura que apruebe el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; la preservación de la unidad de las partes integrantes de la Federación; y la defensa legítima de los derechos de las víctimas.

Como lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, exhortamos a las autoridades y los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado a cumplir con confianza a la ciudadanía, independencia y autonomía.

Que deje de ser la procuración de justicia el “garrote político” para el gobierno en turno.

Demandamos capacitación y coordinación con cada servidor público para responder con eficiencia a los poblanos, así como fortalecer los recursos humanos en cada Unidad de Atención, cumplir de forma pronta y expedita con la atención a las víctimas de los actos delictivos.

Esto se debe a que existen reclamos de la ciudadanía que las Unidades de Atención Temprana, que sirven para interponer la denuncia de los ilícitos, trabajarán sólo en un horario de oficina de 9 a 21 horas, de lunes a sábado, dejando el resto del tiempo en la orfandad a las víctimas, en caso de que necesiten denunciar las violaciones en esos lapsos.

Finalmente, reclamamos la instalación de más unidades de flagrancia, orientadores y del Centro Estatal de Medios Alternativos de Solución de Conflictos en materia penal, donde anteriormente se encontraban colocadas de manera estratégica las agencias del Ministerio Público.