• La falta de inversión en el sector energético y su entrega a intereses privados que sólo buscan aumentar sus ganancias, ha puesto en riesgo su suministro a la población.

  • Se prevén continúen los aumentos de los precios en los principales productos de canasta básica.

  • La falta de atención al campo, del que buscan expulsar a los pequeños productores para permitir la explotación de sus tierras, ha puesto las necesidades alimenticias de la población en manos de los importadores e intermediarios.

  • Las malas decisiones de los funcionarios han incrementado la dependencia de las importaciones, incluso de derivados del petróleo y de alimentos, lo que incrementa el déficit con el exterior y debilita al peso.

  • Por eso, en El Barzón consideramos que urge modificar la política económica.

 

En El Barzón hemos señalado que la política económica aplicada en los últimos sexenios es contraria al interés nacional y sólo beneficia a unos cuantos. Para ello se basan en una estrategia insostenible, porque se basa en la búsqueda de la estabilidad mediante el derroche de los recursos nacionales y el endeudamiento para importar bienes con divisas subsidiadas.

 

Gracias al entorno de estabilidad que prevaleció internacionalmente y a que desde principios de siglo México dispuso de los ingresos extraordinarios del petróleo, a que se recibieron importantes sumas por ventas de activos y a la contratación de deuda, los funcionarios de Banxico y de Hacienda lograron bajar la inflación y promovieron la idea de que su estrategia funcionaba.

 

Nada más falso, porque su “estabilidad” no ha sido resultado de la aplicación de políticas constructivas, de fortalecimiento de la economía, la inversión y la productividad, en un proceso armónico, que propicie la participación competitiva de cada sector dentro del conjunto de la economía. Al contrario, más bien se ha basado en el uso distorsionante de políticas que generan desequilibrios en las relaciones entre los sectores y con el exterior, lo que termina impidiendo el uso racional de los recursos, lo que se vuelve costosamente insostenible y concluye en ajustes que provocan graves daños a la población. Su solución, es ceder más y más espacios a las grandes empresas privadas.

 

Haciendo creer a la población que los bajos precios del petróleo y gas serían permanentes, se lanzaron a la reforma energética, “para terminar con los gasolinazos”; en realidad le quitaron al pueblo de México una importante palanca para el desarrollo que bien administrada también debió ser fundamental para regular mercados. Promovieron su erosión con administraciones corruptas para, en un proceso también caracterizado por una enorme corrupción, ahora exfuncionarios y empresarios pretenden quedarse con la riqueza energética del país.

 

Todo indica que el precio internacional del petróleo tiende a aumentar, porque los productores, incluso los que utilizan el fracking, buscan contener la producción y obtener mayores márgenes de utilidad. De acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE), de la Secretaría de Energía, el precio de la mezcla mexicana de exportación pasó de 23.9 dólares por barril en enero de 2016, a 52.9 dólares por barril en noviembre de 2017, casi 30 dólares por barril adicionales, lo que poco a poco comenzará a reflejarse en los precios de las gasolinas. El problema está en que a PEMEX ya lo desmantelaron y los “empresarios” y trasnacionales que pretenden explotar el petróleo mexicano piden más y más garantías, entre las cuales demandan mayores márgenes de utilidad. Es decir, los beneficios de los altos precios del petróleo no llegarán a los mexicanos.

 

Los funcionarios de Hacienda esperan que la “reforma” energética dé frutos. Pero eso implicará ofrecerles más ventajas tanto a los que quieren explotar los recursos mexicanos, como a los que buscan quedarse con el mercado. Y como gracias a la “reforma”, el gobierno no tiene capacidad de fiscalizar a las empresas que vienen a explotar el crudo mexicano, pues tampoco tiene seguro un mayor ingreso por exportaciones, como sí sucedía con PEMEX. Eso reducirá las divisas captadas por barril exportado, lo que significará menos disponibilidad de recursos para importar y mayores precios por las importaciones. Eso implica que los precios de los energéticos no bajarán por lo que posiblemente el propósito de los funcionarios es el de “ordenar” el mercado mediante una reducción al consumo.

 

Eso impactará a los propietarios de automóviles, pero también a los que se dedican a la distribución de mercancías o utilizan tractores, por lo que, a pesar de los esfuerzos de los señores Carstens y Meade, para frenar la demanda interna, mediante altas tasas de interés y ajustes al gasto -menos el que se derrocha en las campañas del PRI-, de todos modos la inflación sigue fuerte. El problema está en que en ese proceso a los productores agropecuarios se les impone una fuerte contracción de precios, como se observa en el caso del maíz con importaciones de mala calidad. De hecho, en la mayor parte de los precios no se ha reflejado el efecto de la devaluación registrada en el sexenio. Mientras la inflación acumulada es de 21.26%, la devaluación fue de 50%, diferencia que en algunos casos se asimilará mediante reducción de costos, sacrificio de utilidades o la sobrevivencia en el caso del campo.

 

Lo más grave será en los hogares, 75% de los cuales consume Gas LP, cuyo precio se disparó 27% en sólo cuatro meses, de 313 pesos el tanque de 20 litros en agosto de 2017, a 400 pesos en diciembre. En electricidad han logrado contener los incrementos a los hogares, mediante subsidios, pero eso no lo podrán hacer siempre.

 

Un gran problema está en que como la “reforma” no ha dado los resultados que ofrecieron ni las ganancias que esperaban, los inversionistas piden más y más garantías y, por eso Meade y Carstens demandan aplicar el Estado de Derecho. Sólo que hay que recordarles que ese Estado de Derecho se construye entre todos y no por unos cuantos, como fue cuando impusieron la reforma energética sin consultar a la población.

 

Sólo funcionarios como Carstens y Meade se han atrevido a suponer que las distorsiones que han provocado no repercutirán en nuevas distorsiones.  Hoy su “estabilidad” sufre las consecuencias de sus obsesiones por destruir al sector público de México, por eliminar su capacidad de regulación y por quitarle el control sobre los bienes estratégicos propiedad de la nación.

 

 

¡Urge cambiar la política económica!

 

 

Alfonso Ramírez Cuéllar, Dirigente Nacional

Alejandro Castillo Morales, integrante de El Barzón Nacional