Cuando Carstens asumió el cargo de gobernador del Banco de México en diciembre de 2009, se comprometió a mantener la inflación anual entre 2 y 4%, con una tasa objetivo de 3%. En esa fecha la inflación anual era de 3.57%, la tasa de interés 4.5% y el tipo de cambio de 13.07 pesos por dólar. A su vez, la deuda externa total, incluyendo la deuda interna en manos de extranjeros, era de sólo 192 mil millones de dólares. A ese total, la deuda pública, incluyendo la inversión de extranjeros en deuda interna, aportó 120 mil 300 millones de dólares.

Ahora que Carstens se retira, ocho años después, la inflación anual en México es de 6.37%, la tasa de interés de referencia está en 7.0% y el tipo de cambio en 19.0 pesos por dólar. Por lo que respecta a la deuda externa total, las cifras del propio Banco de México apuntan que en 2016 ya fue de 412 mil millones de dólares, de los cuales la deuda pública externa contribuyó con 283 mil millones de dólares, incluyendo la deuda interna en manos de extranjeros. Un verdadero fracaso.

No se puede desligar al Banco de México del comportamiento de la deuda externa, porque sus decisiones de política monetaria y cambiaria que comparte con Hacienda, son determinantes en el uso de los recursos disponibles en el país. Se utilizan para importar o para fortalecer la inversión. De hecho, ese aumento de la deuda sucedió a pesar de teóricamente México no debió tener problemas para financiarse, porque tuvo ingresos por remesas por casi 180 mil millones de dólares entre 2010 y junio de 2017, además de que comenzó a generarse valor agregado en la industria automotriz instalada en México, que también implicó el ingreso de inversión productiva adicional a la que se recibió por las desincorporaciones y la apertura de sectores estratégicos. Lo cierto es que había divisas, pero fueron insuficientes para la estrategia de Banxico-Hacienda que siguió endeudando al país.

Lo más grave de ese acelerado crecimiento de la deuda externa con Carstens, incluyendo la pública, es que no se reflejó en una mayor inversión productiva, sino que sirvió en parte para financiar los activos de mexicanos en el exterior que entre 2010 y junio de 2017 sumaron 126 mil millones de dólares, además de una cuenta de errores y omisiones que Carstens no ha querido explicar que suman casi 100 mil millones de dólares.

Al inicio de su responsabilidad, México disponía de dos empresas, PEMEX y CFE, que explotaban nuestros recursos estratégicos en beneficio de los mexicanos; ahora que deja el cargo, esas empresas están en proceso de ser desmanteladas o malvendidas a unos cuantos empresarios, exfuncionarios y trasnacionales que buscan beneficiarse de la explotación de los bienes estratégicos del país y de sus mercados cautivos.

Cuando tomó el cargo de gobernador del Banco de México, se aceleró la inversión extranjera en la industria automotriz, la cual permitió, junto con las remesas, mantener bajo el déficit de la balanza de cuenta corriente. No fue gracias a Carstens el ingreso de esa inversión; se debió fundamentalmente a la posición geoestratégica de nuestro país. Desafortunadamente, la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos demostró que no podemos asumir que los demás países van a dar prioridad a nuestras necesidades. Por cierto, la llegada de esas inversiones permitieron recuperar el empleo manufacturero e incrementarlo en poco más de 300,000 respecto al nivel que alcanzaron los asegurados permanentes en ese sector en el año 2000, hace 17 años. El riesgo es que ahora se pierda ese beneficio.

Como personero del equipo de funcionarios que dirige la política económica del país en beneficio de una minoría, Carstens fue un activo promotor de la privatización de los bienes estratégicos de la nación, supuestamente para consolidar la estabilidad.

Las “reformas estructurales” se impusieron de manera apresurada, desaseada, con sospechas de una gran corrupción y, por supuesto, sin la legitimidad que sólo podría otorgar la consulta democrática sobre el destino de esos recursos estratégicos de la nación. Contra los deseos de Carstens y ese grupo de funcionarios sus reformas no constituyen una nueva institucionalidad, sino que hoy son fuente de incertidumbre por la forma en que se impusieron.

Esa decisión de imponer, de no respetar los procesos verdaderamente democráticos, incluso desde el Banco de México, son los que han propiciado en este 2017 una corrupción desbocada, el tráfico de influencias, una mayor violencia, gran vulnerabilidad frente al exterior y una más grave concentración del patrimonio y del ingreso, lo que, por cierto, al limitar la demanda frena los efectos inflacionarios y lleva al funcionario renunciante a la autocomplacencia por su pasajera “estabilidad”.

Desafortunadamente, el nombramiento del nuevo gobernador, sea José Antonio Meade, que no ha sido capaz de poner orden en el gasto público, en el que prevalece la discrecionalidad, o José Antonio González Anaya, quien está terminando de desmantelar a PEMEX y es concuño de Salinas, sólo repetirán las mismas recetas, a pesar de que han demostrado que sólo conducen a un mayor malestar social.

En su cargo en el Banco de Pagos Internacionales Carstens volverá a fracasar, porque la estrategia que impulsa ha demostrado su ineficacia para alcanzar la estabilidad y menos el bienestar general; por eso cada vez son menos aceptadas por las diferentes naciones.

Ahora que se va Carstens, hemos conocido numerosas opiniones que lo llenan de elogios. Es sólo un funcionario más del grupo que promueve la concentración del patrimonio y del ingreso como una de las condiciones que les permiten limitar la demanda y frenar el crecimiento de precios. En esa lógica, la tasa de interés de referencia ya es de 7% y ya recomendó actuar con “prudencia” para que el alza salarial no propicie inflación.

Habrá quien argumente que la presión sobre el tipo de cambio y su efecto inflacionario, contrario a sus objetivos, no es responsabilidad de Carstens, sino de factores externos. Ese argumento debe reconocer que la inflación menor a 3% que se logró entre mayo de 2015 y septiembre de 2016, también se benefició de factores externos, además del efecto de la concentración del ingreso.

Se afirma que la política aplicada por Carstens es la única posible para bajar la inflación, que es un fenómeno que afecta a la población de menores ingresos. Cierto, pero reducir la demanda, combinada con un aumento de las importaciones, no es la única forma de bajar los precios. ¿Por qué no poner en marcha políticas que propicien un aumento eficiente de la oferta interna? ¿Por qué no, en lugar de promover los negocios privados se impulsan políticas públicas que proporcionen con eficiencia servicios públicos y de calidad en salud, educación, infraestructura social, transporte y seguridad? ¿Por qué, no en lugar de pedir prudencia salarial, presiona al Ejecutivo para que vigile que el gasto y la inversión pública contribuya a reducir los costos de los asalariados en el uso de servicios públicos?

 

¡Urge cambiar la política económica!

 

 

Alfonso Ramírez Cuéllar, Dirigente Nacional

Alejandro Castillo Morales, integrante de El Barzón