La falta de una política adecuada en materia de vivienda, principalmente la falta de ética en los procesos de gestión, ha ocasionado que miles de las familias que habitan en unidades habitacionales del Estado de México, hayan visto transformar el sueño de tener un patrimonio para sus hijos, en una pesadilla diaria, sin que los gobiernos estatal y federal lleven a cabo acciones contundentes para solucionar el caos y los daños provocados.

Esta problemática se ha convertido en un grave fenómeno social, pues se habla de que en el estado de México son 400 000 casas abandonadas, según estudio Realizado por el colegio de Arquitectos y Urbanistas del estado, la mayoría se encuentran en los municipios de Zumpango, Huehuetoca, Nicolás Romero, Teoloyucan, Cuautitlán, Tecámac, Ecatepec, e Ixtapaluca principalmente.

Una mala planeación urbanística y deficiencias en la construcción por la mala calidad de los materiales utilizados, insuficiencia o inexistencia de servicios básicos (como agua potable o transporte), la sobrevaluación de las viviendas y un financiamiento caro que no consideró que el 70% de la población es de bajo estrato socioeconómico, provocó que muchas familias terminarán abandonando las viviendas al no poder pagar las altas mensualidades y el elevado costo de traslado a sus centros de trabajo, que va de $1,000.00 a $1500.00 por persona al mes.

Foto Agencia EL UNIVERSAL.

Así los que se quedaron ahora deben soportar además de lo anterior, el “mercado negro de vivienda” dirigido por pequeños grupos o seudo dirigentes, protegidos por políticos corruptos, que operan invasiones continuas y también la inseguridad, ya que algunas de estas viviendas sirven de casa de seguridad o de refugio de delincuentes, siendo la nota roja de los diarios locales la prueba clara de lo que ahí pasa.

El gobierno estatal y federal ha presumido durante muchos años la entrega de vivienda, sin garantizar que estas viviendas cuenten con las condiciones necesarias de habitabilidad, sin asegurarse de que se tengan todos los servicios, sin vigilar que los financiamientos sean adecuados a las condiciones económicas de la población adquiriente y por lo tanto se lleguen a liquidar y se liberen las hipotecas, Así también cada administración que ha pasado, hace oídos sordos a los llamados de auxilio de las familias por la falta de servicios y por la inseguridad que se vive en estas unidades habitacionales.

Las familias no ganan, es negocio para todos los que intervienen en la gestión de vivienda, las inmobiliarias y amigos cobran y se van, los bancos, administradoras, sofomes, Sociedad Hipotecaria Federal, Infonavit, Fovissste y otras financieras, cobran hasta que el acreditado ya no puede pagar, pero ellos no pierden las garantías, solo las traspasan, (venden) obteniendo ganancia por cada operación, que solo se detiene cuando se llega al desalojo, ya que este inmueble, se volverá a vender a otra familia con sueños de hacer patrimonio.

Así han venido operando por décadas, de tal forma que pareciera normal vivir en el caos el atropello, la corrupción y la impunidad., Pero esto no debe ser así, las familias del Estado de México deben poner un alto y realizar cambios que transformen su situación de vida, cambios que contribuyan a la conservación y fortalecimiento de sus lazos familiares, su desarrollo personal y su crecimiento económico.

El acceso a una vivienda digna, es un derecho humano fundamental, plasmado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y reconocido en el artículo cuarto, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.