ASUNTO: SE PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

C.JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA EN TURNO.

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

los firmantes promoviendo por nuestro propio derecho, designando como representante común al primero de los firmantes, señalando como domicilio para recibir toda clase de notificaciones, la casa marcada con el número siete mil novecientos trece, de la calle quince B Sur, en la colonia San José Mayorazgo, en esta ciudad de Puebla, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los Licenciados en derecho ALEJANDRO CARVAJAL HIDALGO, con número de registro único 62592  ante los Tribunales Federales, GERARDO LÓPEZ RAMÍREZ, con número de registro único 163213 ante los Tribunales Federales, ARIEL GONZÁLEZ CASTILLO, con número de registro único 103195 ante los Tribunales Federales y ALFONSO JAVIER BERMÚDEZ RUIZ, con registro único 147282 ante los Tribunales Federales,  así como autorizando para recibir todo tipo de notificaciones e imponerse de los autos a las pasantes en derecho RUTH GONZÁLEZ MIGUEL y/o MARÍA MARTHA MOLINA JIMÉNEZ LABORA, ante usted con el debido respeto, comparecemos manifestando:

 

                        Que, por medio de este  ocurso, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1o, 2o, 3o, 5o y 22 de la Ley de Amparo, venimos a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, contra actos de las autoridades que más adelante señalaremos como responsables, basándonos  para el efecto en lo siguiente:

 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 108 de la Ley de Amparo, expreso:

 

           I.- NOMBRE DE LOS QUEJOSOS: Los que ya quedaron precisados en el proemio de esta demanda de garantías; con  domicilio convencional para recibir toda clase de notificaciones en el señalado en el proemio de esta demanda de garantías.

 

II.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO.-  SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO  PÚBLICO, con domicilio en Avenida Constituyentes número mil uno, Álvaro Obregón, Colonia Belén de las Flores, c. p. 01110, Ciudad de México.

 

III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.-

 

  1. CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. Con domicilio en Xicoténcatl número nueve, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, c. p. 06018, Ciudad de México.

 

  1. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. Con domicilio ubicado en Avenida Congreso de la Unión número sesenta y seis, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, c. p. 15960, Ciudad de México.

 

  1. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Con domicilio en Palacio Nacional, edificio 10 planta baja, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, c. p. 06067, Ciudad de México.

 

  1. CIUDADANO SECRETARIO DE GOBERNACIÓN. Con domicilio en Abraham González número cuarenta y ocho, edificio anexo, planta baja, Colonia Juárez, c. p. 06699, Ciudad de México.

 

  1. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Con domicilio en Río Amazonas número sesenta y dos, Colonia Cuauhtémoc, p. 06500, Ciudad de México.

 

  1. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, con domicilio en Avenida Constituyentes número mil uno, Álvaro Obregón, Colonia Belén de las Flores, c. p. 01110, Ciudad de México.

 

IV.- ACTOS RECLAMADOS.

 

  1. De la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, reclamo: La aprobación y discusión del decreto por el cual se reforma  la ley del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), publicada en el diario oficial de la federación el día quince de noviembre de dos mil dieciséis, la cual entro en vigor el primero de Enero de dos mil Diecisiete, reclamándose en particular el artículo  2  romano  Inciso  D) Combustibles Automotrices  1.Combustibles Fósiles  a) Gasolina menor a 92 Octanos b) Gasolina Mayor o igual a 92 Octanos c) Diésel  ver foja (2-122) de dicha ley. Por considerar que dicha ley es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

  1. De la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión reclamo: La aprobación y expedición del decreto por el cual se reforma a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), publicada en el diario oficial de la federación el día quince de noviembre de dos mil dieciséis, la cual entro en vigor el primero de Enero de dos mil Diecisiete, reclamándose en particular el artículo 2  romano  Inciso  D) Combustibles Automotrices  1.Combustibles Fósiles  a) Gasolina menor a 92 Octanos b) Gasolina Mayor o igual a 92 Octanos c) Diésel  ver foja (2-122) de dicha ley. Por considerar que dicha ley es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

  1. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamamos: La promulgación del anterior decreto legislativo mediante el decreto promulgatorio fechado el día 14 de Noviembre de 2016, publicado también en el Diario Oficial de la Federación.

 

  1. Del C. Secretario de Gobernación,  reclamo el refrendo del Decreto Promulga torio señalado como acto reclamado en el inciso que antecede.

 

  1. Del C. Director del Diario Oficial de la Federación,  reclamo la publicación en dicho Diario, específicamente, del Decreto Legislativo y Promulga torio señalado como acto reclamados.

 

  1. Del Secretario De Hacienda y Crédito  Público, reclamo el cobro que hace del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) derivado de su entero o traslado por los entes retenedores. Razón por lo que se señala como Tercero Interesado en este juicio.

 

Bajo protesta de decir verdad manifiesto, que los antecedentes de los actos reclamados los constituyen los siguientes:

 

  1. A N T E C E D E N T E S

 

  1. 1. Los suscritos somos Ciudadanos Mexicanos que de manera habitual y cotidiana hacemos uso de nuestro vehículo automotor, o transporte público, para desarrollar nuestras actividades diarias.

 

También consumimos diversos alimentos y productos  para nuestra subsistencia, como lo son: canasta básica, artículos para el hogar, (limpieza, higiene personal). Por canasta básica entendemos el: “Conjunto de alimentos que se presentan en determinada cantidad que es la que se considera que satisface las necesidades calóricas y proteínas de lo que se conoce como hogar promedio…”

 

Para el desarrollo de nuestras actividades profesionales, adquirimos herramientas, artículos de oficina, implementos agrícolas y diversos artículos.

 

  1. 2. El día primero de enero de dos mil diecisiete entro en vigor la reforma a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Dicha legislación establece el costo que tendrá la enajenación de bienes y servicios, sobre combustibles automotrices, la cual es materia de este amparo debido a que se considera que es Inconstitucional.

 

Es materia de este amparo la Inconstitucionalidad del artículo 2 I romano inciso d) que se transcribe:

 

  1. D) Combustibles automotrices:
  2. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida
  3. Gasolina menor a 92 octanos………. 4.16 pesos por litro.
  4. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.52 pesos por litro.

C… Diésel ………………………………………..                  4.58 pesos por litro.

 

  1. Esta disposición tributaria, constituye el acto reclamado en este juicio y  con su entrada en vigor  afecta de manera directa, la economía y subsistencia de los  hoy amparistas, debido a que los costos de transportación, alimentación (canasta básica), educación, esparcimiento, compra de materiales e implementos para el trabajo (agrícolas, industriales, de trabajo)  medicinas y en general el costo de vida se incrementara hasta en un 35% poniendo en riesgo no solo la subsistencia de los firmantes, también la estabilidad nacional, el mantenimiento y crecimiento de los centros económicos, empleo y  generando una profunda crisis y un riesgo para todos los ciudadanos mexicanos y de otros países que radican en el territorio nacional.

 

Se pone en consideración que este impuesto se trata de una medida desigual, inequitativa y desproporcionada, que afectará a la población más pobre del país. El incremento al salario mínimo en México en el año 2016 fue de 4.2% de conformidad con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONSAMI), para quedar establecido en $73.04 (setenta y tres Pesos con cuatro centavos, moneda nacional) y el primero de Enero de dos mil  diecisiete fue de $80.04 (ochenta pesos con cuatro centavos, moneda nacional)  cantidad ínfima si tomamos en consideración el incremento que generará la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que afectara de manera brutal la subsistencia de las familias, poniendo al país en riesgo, no solo en su desarrollo, sino también en la estabilidad y paz nacional.

 

  1. 4. Para 2017, la propuesta de Hacienda busca recuperar el monto de impuestos establecidos en 2016, más la inflación estimada. En el caso del precio de referencia sí se registra un incremento importante: en la Magna, de 5.44 pesos por litro en enero de 2016, a un estimado de 7.61 en enero de 2017; en la Premium, de 6.07 a 08, y en el Diésel, de 5.23 pesos por litro, a 8.79 en enero de 2017. Así, Hacienda estima que los precios de referencia para cada uno de esos productos tendràn incrementos en términos reales de 35.5%; 44.9% y 62.8%.

 

Es conveniente señalar que el cobro del IEPS a las gasolinas ha resultado muy atractivo para la obtención de recursos fiscales. A pesar del “subsidio” que supuestamente se aplicó en el transcurso del año 2106, hasta septiembre ya habían captado por IEPS a las gasolinas, 217 mil 924 millones de pesos, 61 mil 289 millones adicionales a los estimados originalmente. Para 2017, en la Ley de Ingresos aprobada por el PRI, el PAN y la mayoría del PRD, Hacienda se propone captar 284 mil 432 millones de pesos por IEPS a gasolinas.

 

Las negociaciones mercantiles que expenden gasolinas al público se convierten en ofcinas de recaudación de fondos fiscales, implententandose un gravamen a todas luces Inconstitucional, ya que es desproporcionado y inequitativo.

 

Reconocidos analistas, consideran que con este nuevo esquema los mexicanos enfrentaran dos efectos negativos para su economía, el primero: Tendran que desembolsar más dinero para llenar el tanque de gasolina, y aumento en las tarifas del transporte público para los usuarios.

 

Esto debido a que la gasolina tiene un efecto multiplicador, importante, más que  muchos otros precios, “ dice el analista Jonathan Heath, doctor por la Universidad de Pensilvania (EE.UU).

 

El PRECIO del combustible se traslada a bienes y servicios, inhinbiendo el crecimiento del mercado interno y pone en riesgo la subsistencia de las familias y la estabilidad de los estados.

 

El segundo efecto: Genera un efecto inflacionario de hasta un 4%, poniendo en riesgo el país, con las tasas de intereses más altas y fluctuaciones financieras.

 

5.-  El primer acto de aplicación de la reforma a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) se genera el día primero de enero de dos mil diecisiete, fecha en la cual entra en vigor la norma aludida, publicada en el diario oficial de la federación el día quince de noviembre de dos mil dieciséis,  reclamándose en particular el artículo  2  romano  I. Inciso  D) Combustibles Automotrices  1.Combustibles Fósiles  a) Gasolina menor a 92 Octanos b) Gasolina Mayor o igual a 92 Octanos c) Diésel  ver foja (2-122) de dicha ley. Es importante precisar que dicha norma afecta a todos los  ciudadanos mexicanos, se trasladen o no con algún vehículo que use gasolina o diésel, toda vez que el impuesto sobre el hidrocarburo tiene un efecto multiplicador, que se traslada a las familias e impacta en el precio de los alimentos, materia prima, instrumentos de trabajo. Los productos derivados del petróleo, incluidas las diferentes presentaciones de la gasolina, son utilizados en la producción de alimentos: fertilizantes, plaguicidas, tractores, maquinaria, empaques y transporte, etc. Esto quiere decir que el incremento de los precios de aquellos productos impacta de manera directa e indirecta en el precio de los alimentos y como consecuencia en la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores. Lo mismo sucede con los alimentos y que para su traslado y venta se utiliza gasolina.

 

6.-  A mayor abundamiento y bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el primer acto de aplicación fue el día ________________________, fecha en la cual los suscritos acudimos a cargar gasolina a nuestros vehículos.

 

VI.-  DERECHOS HUMANOS Y GARANTIAS INDIVIDUALES.- Se violan en nuestro perjuicio, las consagradas en los artículos 1,4 14, 16,  25, 28, 31 fracciones IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

VII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.-

 

  1. 1. Como lo manifestamos en el capítulo de antecedentes de esta demanda de amparo, el día primero de enero de dos mil diecisiete entro en vigor la reforma a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS). Dicha legislación establece el costo que tendrá la enajenación de bienes y servicios, sobre combustibles automotrices, la cual es materia de este amparo debido a que se considera que es Inconstitucional.

 

Es materia de este amparo la Inconstitucionalidad del artículo 2 I romano inciso d) que se transcribe:

 

  1. D) Combustibles automotrices:
  2. Combustibles fósiles Cuota Unidad de medida
  3. Gasolina menor a 92 octanos………. 4.16 pesos por litro.
  4. Gasolina mayor o igual a 92 octanos 3.52 pesos por litro.

C… Diésel ………………………………………..                  4.58 pesos por litro.

 

Violación al principio de proporcionalidad establecido en el artículo 31 fracción IV Constitucional, la disposición antes transcrita viola en perjuicio de los amparistas  el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, en razón de que la proporcionalidad implica la aptitud económica de los obligados a tributar, es decir, la capacidad contributiva de los particulares o sujetos pasivos de las contribuciones, la cual se exterioriza por circunstancias o situaciones de tipo objetivo que determinan las valoraciones legislativas mediante las cuales se generan las obligaciones impositivas.

 

En este sentido, la exteriorización referida, debe ser siempre inmediata, es decir, las circunstancias o situaciones objetivas deben revelar de manera directa el nivel de riqueza de los contribuyentes, como lo es el patrimonio, ingresos, renta o ganancias; ante tales condiciones, la exteriorización jamás podrá ser mediata, es decir, basada en circunstancias o situaciones objetivas que solamente hagan presumir el nivel de riqueza, condición que atenta contra el principio de legalidad previsto en el artículo 31 fracción IV, de nuestra Constitución, el cual implica la certeza o certidumbre de las contribuciones mediante la delimitación que la ley haga sobre los elementos de las contribuciones que realiza, dando cumplimiento al postulado de “transparencia tributaria”.

 

Sin embargo, la ley de impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), en especial su artículo 2 I D) relativo a Combustibles Fósiles, es desproporcionada  ya que rebasa la capacidad contributiva de los gobernados; es importante mencionar que si bien el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), esta indexado al precio final del combustible, el costo es trasladado al Ciudadano, se trata de un impuesto que grava el consumo al momento de la enajenación del energético y se ve reflejado con el aumento en el costo de la gasolina en perjuicio de los gobernados.

 

Esta impuesto ponen en riesgo a las familias y se reitera que es inconstitucional debido a que el salario mínimo al día uno de enero de dos mil diecisiete es de $80.4 (Ochenta pesos con cuatro centavos M.N), y si el aumento del salario para este año fue de solo un 7% (siete por ciento) y paralelamente los combustibles subieron de la siguiente manera:

 

PORCENTAJES AÑO 2017

Magna subió 14.2%   Premium aumentó 20.1%, diésel subió 16.5%

 

Esto ha generado una ola inflacionario y un aumento de precios de bienes y servicios en toda la nación que está provocando que el poder adquisitivo de las familias mexicanas se vea disminuido poniendo en riesgo, la nutrición de los niños (a)  y en general de toda la población mexicana.

 

Es importante precisar que dicha norma afecta a todos los  ciudadanos mexicanos, se trasladen o no con algún vehículo que use gasolina o diésel, toda vez que el impuesto sobre el hidrocarburo tiene un efecto multiplicador, que se traslada a las familias e impacta en el precio de los alimentos, materia prima, instrumentos de trabajo. Los productos derivados del petróleo, incluidas las diferentes presentaciones de la gasolina, son utilizados en la producción de alimentos: fertilizantes, plaguicidas, tractores, maquinaria, empaques y transporte, etc. Esto quiere decir que el incremento de los precios de aquellos productos impacta de manera directa e indirecta en el precio de los alimentos y como consecuencia en la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores. Lo mismo sucede con los alimentos que para su traslado y venta se utiliza gasolina.

 

A guisa de ejemplo, ponemos en consideración de su señoría que el costo de la canasta básica que en el año 2016 fue de aproximadamente $3,139.16 (tres mil ciento treinta y nueve pesos con dieciséis centavos)   ver http://elinpc.com.mx/canasta-basica-mexicana/

 

Situación que es totalmente desproporcionada de acuerdo a los ingresos promedio de una familia mexicana, por lo que el tributo que de manera indirecta es impuesto, rebasa por mucho la capacidad del Ciudadano, de acuerdo al ingreso-gasto, que esto significaría.

 

Sirve de apoyo al presente argumento la jurisprudencia emitida por nuestro máximo tribunal al pronunciarse sobre este principio que a la letra señala:

 

Época: Décima Época

Registro: 2006241

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CLXVIII/2014 (10a.)

Página: 804

DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. SU ANÁLISIS A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el principio de proporcionalidad tributaria reconocido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada, esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción. Asimismo, ha señalado que, conforme al artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente debe determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, es decir, es en el causante en quien recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. Así, la autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias e identificar, por consiguiente, su capacidad para contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, la determinación presuntiva de contribuciones por parte de la autoridad tiene lugar cuando el contribuyente violenta el principio de la buena fe, y como resultado de ello la autoridad no está en aptitud de conocer con veracidad las operaciones por él realizadas; de ahí que la función de la presunción es, por tanto, dar certeza y simplicidad a la relación tributaria, ante el incumplimiento del contribuyente de sus obligaciones formales y materiales. Consecuentemente, el análisis del principio de proporcionalidad tributaria, en el caso de presunciones relativas, implica que el cumplimiento de los criterios que lo integran tenga un mínimo y no un máximo de justificación, por lo que la elección del medio para cumplir tal finalidad no conlleva a exigir al legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabilidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), sino únicamente determinar si las presunciones relativas son legítimas desde el punto de vista constitucional, con dos condiciones: 1) que correspondan a criterios de razonabilidad, es decir, que no se establezcan arbitrariamente, por lo que al analizar la legitimidad constitucional de una presunción en materia fiscal, a este Tribunal Constitucional le compete determinar si el ejercicio de esa facultad contrasta manifiestamente con el criterio de razonabilidad, es decir, que se revele en concreto como expresión de un uso distorsionado de la discrecionalidad, resultando arbitraria y, por tanto, de desviación y exceso de poder; y, 2) que la prueba en contrario que admitan se establezca dentro de límites precisos y objetivos, a través de medios idóneos para destruir tal presunción.

Amparo directo en revisión 4514/2013. Comercializadora Promojol, S.A. de C.V. 12 de marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

 

TESIS JURSIPRUDENCIAL NÚM. 10/2003            (PLENO)

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución  Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos, este radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida esta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con las personas que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que  la tenga en menor proporción.

Amparo en revisión 243/2002. Gastronómica Taiho, S. de R.L. de C.V.- 13 de mayo de 2003. Unanimidad de once votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 262/2002. Qualyconf, S.A de C.V. 13 de mayo de 2003. Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Miguel Ángel Anemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 213/2002. Ramsa León, S.A. de C.V. y coagraviada. 13 de mayo de 2003. Unanimidad de once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 614/2002. Grupo Textil Providencia, S.A de C.V. 13 de mayo de 2003. Unanimidad de once votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre.

Amparo en revisión 235/2002. Hongos del Bosque, S.A. de C.V. 13 de mayo de 2003. Unanimidad de once votos.- ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y Jorge Luis Revilla de la Torre.

. . . Licenciado José Javier Aguilar Domínguez, secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  . . . CERTIFICA . . . que el Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy trece de mayo en curso, aprobó con el número 10/2003, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a rece de mayo de dos mil tres.

 . . . Licenciado José Javier Aguilar Domínguez, secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, . . . CERTIFICA  . . . que esta fotocopia de la tesis jurisprudencial num. 10/2003, constante de tres fojas útiles concuerda fiel y exactamente con su origina que obra en el cuaderno de las actas relativas a las sesiones del pleno de este alto tribunal. México, Distrito Federal, a trece de mayo de dos mil tres.

 

  1. El día primero de enero de dos mil diecisiete entro en vigor la reforma a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), el cual debe de considerarse como un impuesto que grava el consumo ya que se traslada al Ciudadano cuando paga el bien o servicio. Para hacer patente la Inconstitucional de la norma tenemos que tomar en cuenta que México es un país muy desigual donde aproximadamente el 10% más rico concentra el ingreso del 64% del total de la riqueza del país. Por otro lado un reporte de WEALTHLNSIGHT (2013) revela que en el 2012 había en México 145,000 individuos con una riqueza neta superior a un millón de dólares, (sin incluir el valor de su residencia habitual). En conjunto, sus riquezas ascendían a un total de 736 mil millones de dólares. Estos millonarios-representantes de menos del 1% de la población total- concentraban en este año del 43% de la riqueza total del país. En contraste en México cerca de 53.5 millones de personas viven en la pobreza  lo que genera ineludiblemente que los más pobres en el país sean el sector más castigado con la aplicación del (IEPS) ya que como se mencionó se trata de un impuesto que grava al consumo, por lo que estamos ante gravamen a todas luces desproporcionado e inequitativo.

 

Se cita una parte del estudio “DESIGUALDAD EXTREMA EN MEXICO, CONCENTRACION DEL PODER ECONOMICO Y POLITICO” Gerardo Esquivel Hernández, OXFAM México, foja 22.

Una manera de apreciar lo anterior es, por ejemplo, en la estructura de los ingresos fiscales. Mientras el promedio de los países de la OCDE, obtiene el 32.5% de todos sus ingresos a partir de impuestos en bienes y servicios (lo que incluye impuestos al consumo e impuestos especiales), México obtiene el 54% de todos sus ingresos por esta vía, lo anterior implica que la estructura fiscal en México está mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso personal o empresarial. Bien se sabe que los impuestos al consumo tienen un carácter regresivo porque los hogares relativamente pobres tienden a gastar un porcentaje más alta que los hogares relativamente ricos. Es una economía tan desigual como la mexicana, esto significa que los hogares pobres pueden terminar pagando en forma de impuestos, más que los hogares ricos, a pesar de las exenciones en algunos productos. Hay otros aspectos del sistema tributario mexicano que favorece a quienes más ingresos perciben.

 

3.- Se considera también que se viola en nuestro perjuicio el artículo 25 constitucional primer párrafo que a la letra dice “Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo…” ya que una consecuencia directa a la aplicación de la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios se vería afectada de manera fuerte las finanzas personales de los hoy quejosos, pues el Estado, a través de la división de sus actividades, deja en situación precaria y sin un rumbo claro de implementación de políticas públicas encaminadas al desarrollo nacional, contraviniendo lo mandatado por nuestra carta magna, ya que como lo hemos descrito en los puntos que anteceden la  cuestión de tomar nota de que frente a una inflación acumulada de 14.2% en el sexenio, la gasolina Magna con este macro aumento habrá subido, 52.1%, la gasolina Premium 61.3% y el Diésel 53.9%, impactando directamente en la economía de los quejosos, puesto que si lo relacionamos con el aumento del salario mínimo, es claro que no alcanza. Por otra parte es menester señalar que con el aumento al precio de la gasolina, se vería contravenido el principio de Soberanía de la Nación, como lo reza el artículo 25 constitucional ya que el pueblo mexicano consumidor de gasolina está pagando con creces las consecuencias de la nefasta política de no invertir en refinerías, lo cual es un hoyo negro en la estrategia energética en México en las últimas décadas. De la misma manera que es un contrasentido para un productor importante de maíz importar las tortillas, carece de sentido económico para una potencia petrolera mediana como México, venderle el crudo a Los Estados Unidos de Norteamerica para que éste nos lo regrese en forma de gasolina, ya con mucho mayor valor agregado, a un precio alto y en dólares obedeciendo de manera sumisa a las políticas internacionales dictadas por organismos ajenos a nuestro país, y olvidando decidir sobre la perspectiva de la Soberanía Nacional . Resulta patético que las refinerías en México, de por si escasas, tengan, para colmo, graves problemas para producir gasolina.

 

4.– Por otro lado, el artículo 25 constitucional en su tercer párrafo reza: “…El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución…” en este punto, resulta una violación a este artículo constitucional, es el actuar de las autoridades señaladas como responsables, debido  a que su obligación constitucional en el marco de sus atribuciones, es aplicar medidas, decretos, leyes, etc. Y es mucho más que un contrasentido homologar de tajo los precios en dólares de la gasolina entre México y Estados Unidos, y asestar un golpe a la economía popular, mientras que es por demás evidente que no hay un sacrificio equivalente en el gasto público que si sigue creciendo. Sin contar con que, mientras se recetan incrementos drásticos a un insumo tan clave como la gasolina, se vería alejado del espíritu de este artículo, y la consecuencia es una catástrofe financiera para el sector social más desprotegido y aunando a lo anterior el pueblo ve como impera la impunidad con políticos que destazan las finanzas públicas y se roban el dinero. Este ramalazo atizará la inflación que crecerá en el 2017 posiblemente más de 5%, empujará al alza las tasas de interés y el costo del dinero y desalentará la actividad económica aún más de lo previsto.

 

5.– La violación flagrante al artículo 28 constitucional en su segundo y tercer párrafo que reza “…En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses…”  En este apartado, es clara la violación flagrante de este artículo constitucional, puesto que el estado debe velar en todo el momento por la regulación máxima de los precios que sean de carácter necesario para la economía nacional y consumo popular  y en el caso que da materia de la presente Litis, la gasolina representa un producto de primera necesidad para detonar la economía nacional  y el no regular sus precios máximos de acuerdo a la realidad de la economía del pueblo mexicano, se vería afectado de forma flagrante este artículo constitucional, dejando a los hoy quejosos en un estado de indefensión para el desarrollo de la economía nacional.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado; en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 76, 80, 116, 124, 130 y 131 y demás relativos de la Ley de Amparo, atentamente solicitamos:

 

PRIMERO.- Tenernos por presentados promoviendo juicio de garantías, en los términos a que nos hemos referido en la presente demanda.

 

SEGUNDO.– Solicitar de las responsables sus informes justificados, debiendo  señalar día y hora para la celebración  de la audiencia constitucional.

 

TERCERO.- En su oportunidad concedernos la Protección Constitucional solicitada.

 

  1. PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS 2 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2017.

PROTESTAMOS  A USTED NUESTRO RESPETO.

 

  
  
  
Siguen las firmas a la vuelta…