• Porque el alza es la consecuencia de una reforma energética guiada por la corrupción, la ambición, la incompetencia e irresponsabilidad.

  • Porque con el aumento en el precio de la gasolina, el gobierno mantiene la opacidad en la administración de recursos en PEMEX y el sector energético, sin investigar y sancionar la corrupción de las últimas administraciones caracterizadas por el derroche y el desmantelamiento de PEMEX y su venta como chatarra.

  • Porque antes de imponer nuevos costos a la vida de los mexicanos, se debe investigar y no dejar impune la corrupción en el gobierno federal, en las entidades federativas, los poderes de la Unión y órganos autónomos. En PEMEX debe terminar con la corrupción en el corporativo y en cada una de las filiales y subsidiarias de PEMEX, que operan en paraisos fiscales. Urge un alto a la impunidad.

  • Es inadmisible que las refinerías del país operen a menos de 50% de su capacidad, que no tengan para pagar insumos y que México importe más de 50% de su consumo.

  • Porque no es una solución real, que debería consistir en recuperar la responsabilidad y el compromiso de la administración federal con los sectores productivos. No más engaños en el precio del Diésel para el campo. Urge el rediseño de la administración pública.

  • Si no se toman esas medidas correctivas, no será posible hacer frente a la dependencia del exterior y sus costos sobre la sociedad.

El gobierno federal ha anunciado que a partir del 1  de enero de este 2017, el precio de la gasolina magna aumentó dos pesos, para alcanzar un precio promedio ponderado de 15.99 pesos por litro, un incremento mensual de 14.4%; en la Premium el alza fue de 2.98 pesos, a 17.79 pesos por litro,  con un incremento de 20.1%; y en el caso del diésel el precio del litro subió 2.4 pesos, a 17.05 pesos por litro, 16.5% más.

El Secretario de Hacienda ha expresado que el alza no es consecuencia de la reforma energética, que se debe a incrementos en los precios de las gasolinas. La información proporcionada por Hacienda confirma que si se debe a la reforma, que ha aumentado la dependencia externa y la vulnerabilidad de la economía nacional.

En la estructura de precios diseñado por esa dependencia, el precio máximo establecido para 2016, propició que ante un progresivo aumento en el precio de referencia -por incrementos en el exterior y por el efecto de la devaluación-, se aplicaran subsidios. Así, por ejemplo, en el caso de la gasolina Magna la participación de la suma de los impuestos en el precio al consumidor pasó de 45% en enero de 2016, a 35% en diciembre; en el caso de la Premium los impuestos comenzaron representando 38.2%, aumentó hasta 41% en marzo y en los meses siguiente disminuyó hasta 29.9% en diciembre.

Paradójicamente, en el caso del Diésel la carga impositiva es mucho mayor. En enero representó 53.4% del precio y subió a 56% en febrero, 55% en marzo y posteriormente redujo su participación para terminar diciembre en 42.8%.

Para 2017, la propuesta de Hacienda busca recuperar el monto de impuestos establecidos en 2016, más la inflación estimada, cerca de los registros de enero de 2016.

Pero, en el caso del precio de referencia sí se registra un incremento importante: en la Magna, de 5.44 pesos por litro en enero de 2016, a un estimado de 7.61 en enero de 2017; en la Premium, de 6.07 a  9.08, y en el Diésel, de 5.23 pesos por litro, a 8.79 en enero de 2017. Así, se estima que los precios de referencia para cada uno de esos productos tendràn incrementos en términos reales de 35.5%; 44.9% y 62.8%. Y debido a los últimos gobiernos, no podemos prescindir de esas importaciones.

Es conveniente señalar que el cobro del IEPS a las gasolinas ha resultado muy atractivo para la obtención de recursos fiscales. A pesar del “subsidio” que supuestamente se aplicó en el transcurso del año, hasta septiembre ya habían captado por IEPS a las gasolinas, 217 mil 924 millones de pesos, 61 mil 289 millones adicionales a los estimados originalmente. Para 2017, en la Ley de Ingresos aprobada por el PRI, el PAN y la mayoría del PRD, Hacienda se propone captar 284 mil 432 millones de pesos por IEPS a gasolinas.

De esa manera, el impuesto a las gasolinas compensa en parte la caìda de la recaudación por derechos petroleros, provocada por la decisión de los gobiernos del PAN y del PRI de no utilizar productivamente los recursos proporcnionados por las exportaciones petroleras, que hasta 2014 llegaron a superar los 40 mil millones de dólares por año

La decisión de cobrar impuestos a las gasolinas, confirma la vulnerabilidad en la que se encuentra la economía nacional, consecuencia de la corrupción, la impunidad y la ineptitud, que resulta inaceptale ante las circunstancias del país.

Es por eso que rechazamos el aumento a los precios de las gasolinas que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y demandamos:

  1. Que se suspenda la aplicación del aumento al precio del Diésel, hasta en tanto no se desarrolle un programa eficiente, concreto de apoyo productivo a los sectores agropecuario, industrial y de servicios de transporte.
  2. Que se investiguen a las administraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Energía y de PEMEX, de 2000 a la fecha, para castigar a aquellos exfuncionarios que no cumplieron con su responsabilidad y obligación de administrar con compromiso y eficiencia a esa empresa; que se investigue todo posible enriquecimiento inexplicable y conflicto de interés de aquéllos exfuncionarios que ahora compiten por apropiarse de partes de la empresa; que se anulen las pensiones extraordinarias obtenidas sin apego a la Ley. Que se termine con la corrupción a nivel federal, de los estados, de los poderes y órganos autónomos.
  3. Que se suspendan todos los procesos de licitación para asignación de campos, para venta de activos y toda transacción que signifique ceder parte de los recursos o los activos para explotarlos a control privado.
  4. Que de inmediato se asignen los recursos necesarios para que las refienerías de PEMEX trabajen a toda su capacidad, para evitar que se importe más de 50% del consumo nacional y se sancione a quien no cumpla con esa responsabilidad..
  5. Que se excluya de cualquier operación comercial y de explotación de yacimientos a las empresas privadas en las que participen como funcionarios, socios o asesores, funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos y en general del sector hacendario y energético.

Es posible hacer frente a los problemas que se enfrentan, mediante el combate a la corrupción e impunidad y el diseño de polìticas públicas más eficientes, basadas en el compromiso con el pueblo de México. Para urge hacer frente a las circunstancias de corrupción e incompetencia que han alcanzado niveles inaceptables, y más ahora que el entorno internacional nos impone nuevos retos que, por cierto, demandan una gran responsabilidad de los funcionarios públicos.

ALTO A LA EXPROPIACIÒN DE LA RIQUEZA PETROLERA Y DE PEMEX QUE SON DE TODOS LOS MEXICANOS; NO SE DEBEN ENTREGAR MEDIANTE UNA INMENSA CORRUPCIÓN A MANOS DE UNOS CUANTOS.