gabino vivienda

Junto con más de 30 organizaciones de diferentes países del continente, el día de ayer, el Barzón Chihuahua se unió a las voces que denuncian los asentamientos precarios, los desalojos forzosos, las políticas neoliberales e inadecuadas para garantizar el derecho a la vivienda y a otras denuncias relacionadas con este importante tema.

 

La audiencia, solicitada por organizaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala Perú, Uruguay, Perú y México, inició con un panorama general de la pobreza en el continente. Entre otras cifras, se mencionó que el 80% de la población de América Latina y el Caribe vive en ciudades —es decir, 482.5 millones de personas—, lo que la hace la región más urbanizada del planeta. Asimismo, de los 180 millones de pobres en la región, 125 millones viven en ciudades y 113.4 millones de personas —es decir, el 23.5% de los habitantes de las ciudades— viven en asentamientos informales. Además, 40 millones de hogares sufren de hacinamiento (es decir, cuentan con tres o más personas por habitación), y una de cada tres familias de la región —un total de 59 millones de personas— habita en una vivienda inadecuada, construida con materiales precarios o carente de servicios básicos.

 

Luego de esa introducción, se dio un testimonio del barrio “Rodrigo Bueno” en Argentina que, aunque cuenta con 1,200 familias, vive en precariedad por la falta de agua, luz, urbanización y espacio necesario. Esa situación es compartida por millones de personas en el continente.

 

Por su parte, Gabino Gómez enfatizó la importancia de ver a la vivienda como un derecho y no como una mercancía. Se refirió a la perversión a la que ha pasado el INFONAVIT, institución noble creada para proteger a las personas trabajadoras, que ahora ha cambiado sus reglas y las ha asemejado a la de los bancos. Cientos de familias han abandonado sus viviendas ante la imposibilidad de seguir pagando debido al desempleo originado por la violencia que trajo como consecuencia el cierre de negocios.

 

El Barzón también denunció las leyes y sentencias judiciales que hacen interpretaciones aberrantes, permiten desalojos y criminalizan la pobreza por deudas. Ante ello, tan solo en la ciudad de Chihuahua en el año 2010 al 2012 existían más de 10,000 demandas judiciales para recuperar las viviendas, lo cual ejemplifica lo que pasa en México y en muchos países del continente.

 

Gabino Gómez recordó que “atendiendo a la visión mercantilista y de especulación, en muchos países se construyen los desarrollos habitacionales en zonas de alto riesgo, contaminadas, fraudes de los empresarios de la construcción y políticos, casas sobre valuadas con vicios ocultos, descuentos ilegales que violentan los derechos humanos.”

 

Finalmente, se narraron casos desgarradores de desalojos de personas adultas mayores y con discapacidad, y se dieron ejemplos de los excesivos descuentos que hace el INFONAVIT a diversos trabajadores, los cuales reciben nóminas de 60 pesos semanales o, en peores casos, no reciben nada de salario o la nómina les llega con números negativos: es decir, el trabajador tiene que pagar para trabajar.

 

Al final de la audiencia se hicieron una serie de solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que incluya el derecho a la vivienda en su agenda de trabajo y pueda dar seguimiento al cumplimiento que tienen los Estados de garantizar una vivienda adecuada a todas las personas en el continente, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.