CONSIDERACIONES.

1.- En nuestro país existen una serie de disposiciones constitucionales y legales que ya nos permiten centrar nuestro trabajo en la elaboración de una política pública para el periodo 2014-2018. No omitimos la necesidad de revisar la totalidad de las disposiciones jurídicas que regulan las políticas del Estado en materia alimentaria y nutricional, en el desarrollo rural y de la agricultura y también del respeto a la propiedad social y la justicia agraria, y que se encuentran plasmadas en la Constitución, los Tratados Internacionales y las diferentes legislaciones locales y federales. El esfuerzo y la tarea de arribar a una legislación actualizada e integral, coherente y eficaz debe ser realizada en forma inmediata para presentar las iniciativas ante la actual legislatura del Congreso de la Unión.

2.- Lo dispuesto en el Artículo 4 de la Constitución Política, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Energía para el Campo y de la Ley de Planeación, y también la Ley Federal de Competencia Económica, nos permiten elaborar, en común acuerdo, una política pública para hacer realidad el derecho a la alimentación, elevar la producción alimentaria y reducir la dependencia, profundizar el financiamiento, reordenar el mercado agroalimentario, promover un desarrollo regional armónico, fortalecer la pequeña y la mediana agricultura y consolidar el valor de nuestras exportaciones y aumentar la capacidad del país en materia de investigación, innovación y transferencia tecnológica.

3.- El ACUERDO MARCO expresará la definición de una política de Estado, un programa multianual que habrá de garantizar certidumbre en la responsabilidad y la intervención del Estado, definirá el papel y la conducta de los agentes privados, y también las disposiciones de presupuesto público y rendición de cuentas, determinará los principales programas y las reglas de operación, la participación de los productores y consumidores, la responsabilidad de las entidades federativas y la definición de las nuevas reglas para el financiamiento, las metas de producción y la creación de infraestructura y de bienes públicos de carácter social y productivo.

4.- El ACUERDO MARCO se expresará en DECRETOS del Poder Ejecutivo. En dichos decretos se expresarán los acuerdos entre los representantes de las comisiones del Congreso de la Unión, las organizaciones sociales y privadas de los productores, los gobernadores del país y el gobierno federal. Los decretos diseñarán los cambios fundamentales en la política alimentaria y de desarrollo social. Los DECRETOS deberán determinar la política para los próximos cuatro años.

DIEZ DECRETOS.

PRIMER DECRETO.- El objetivo de dicha disposición es la elaboración del programa que reglamentará y definirá las principales acciones para hacer realidad el derecho a la alimentación suficiente, accesible, nutritiva e informada para todos los mexicanos y mexicanas. El propósito es combatir el hambre, revisar el etiquetado de productos, enfrentar los problemas de desnutrición y la emergencia en materia de salud por la obesidad y la diabetes, garantizar el acceso a una dieta mínima de alimentos en las zonas de alta marginación de las regiones rurales y urbanas.

SEGUNDO DECRETO.- Establecer el compromiso y la responsabilidad del Estado para conseguir metas específicas en la producción de alimentos. La definición de dichas metas de producción tendrán como base los criterios de generación de empleos, el desarrollo de regiones, el arraigo comunitario, el fortalecimiento de mercados regionales, el estimulo a pequeños productores y la ampliación de la capacidad exportadora del país, así como la reducción de la dependencia en materia alimentaria.
En dicho decreto, el Ejecutivo Federal habrá de establecer los criterios fundamentales para ordenar las importaciones de alimentos y garantizar que dichas importaciones no perjudiquen la producción nacional y a los productores y consumidores del país.
De igual manera, en dicho decreto, el Ejecutivo Federal deberá de constituir un nuevo sistema de extensionismo bajo la rectoría del estado y el establecimiento de un sistema profesional de capacitadores tanto de las instituciones educativas como de las propias organizaciones de productores. Los nuevos extensionistas también serán sujetos de responsabilidad civil.

TERCER DECRETO.- Reordenar el Mercado Agroalimentario. El objetivo de dicho decreto es elevar la competencia y el bienestar del productor y el consumidor en el mercado de alimentos. La disposición principal implica la constitución de una empresa pública que participe como competidora en el las fases de acopio, comercialización y ventas al menudeo con un porcentaje no menor al 30% de las cosechas de maíz, frijol, trigo, arroz, café y leche. El establecimiento de la nueva empresa está ligada a un nuevo sistema de compras públicas para garantizar que una parte de los requerimientos alimenticios de las instituciones gubernamentales pueda ser adquirido directamente de los productores del país. A partir de la nueva empresa se emprenderá la reconstrucción y la modernización del sistema de almacenamiento y de la operación de almacenes generales de depósito y de la cadena de establecimientos de venta directa a la población con altos niveles de marginación.
En forma inmediata, el Ejecutivo Federal solicitará a la Comisión Federal de Competencia Económica la evaluación de los niveles de competencia y los grados de concentración y las nuevas disposiciones de regulación que garanticen un mejor funcionamiento del mercado agroalimentario.

CUARTO DECRETO.- La unificación del sistema financiero. El objetivo fundamental de dicha disposición es articular en una institución todos los fideicomisos, fondos, mandatos y programas de crédito, de los accesorios del crédito, del sistema de garantías, del capital de riesgo y de la capacitación y la educación financiera que tienen relación con la agricultura y el desarrollo rural.
La base de la unificación del sistema de financiamiento está dirigida al fomento y fortalecimiento de la pequeña y mediana producción. En el decreto cobrará relieve la reorientación y la incorporación de una serie de programas y subsidios para garantizar la reducción de tasas de interés y para lograr sustituir la garantía real y asegurar la recuperación del crédito otorgado, además de convertir el subsidio en ahorro obligatorio para convertir el derecho al financiamiento en una realidad para millones de productores.
QUINTO DECRETO.- Es el decreto de la revisión del gasto publico. En dicha disposición se establecerá, sobre la base de la revisión de los principales de los principales programas establecidos en el Programa Especial Concurrente, una reorientación completa de la política de apoyos y subsidios.
Los objetivos principales son aquellos que pretenden articular el subsidio con el financiamiento y el capital de riesgo, el acento en la generación de bienes públicos de carácter social y productivo, la conversión de subsidios y transferencia en ahorro obligatorio, las responsabilidades de los beneficiarios, la reorientación del apoyo a la producción y la adquisición de paquetes tecnológicos, la definición multianual de las inversiones y de las reglas de operación, la transparencia de los padrones, la definición de las nuevas responsabilidades y manejos de los programas por cada institución gubernamental.

SEXTO DECRETO.- El decreto de la conservación y el cuidado del agua. Es una disposición que habrá de garantizar el programa de recarga de acuíferos, el desarrollo de una amplia red de obras de captación de agua, la modernización de canales y de obras de irrigación, el establecimiento de nuevas metas en la tecnificación de riego y en la modernización de los equipos electromecánicos para la eficiencia energética y en la reorganización institucional para definir las nuevas responsabilidades de la Comisión Nacional del Agua y de la Sagarpa en la administración y manejo del agua para uso agrícola, y en el establecimiento de verdaderas sanciones por la violación de las zonas de veda y la explotación ilegal del agua.

SÉPTIMO DECRETO.- El decreto del acceso a los insumos básicos para la producción. El objetivo fundamental de la nueva disposición es abaratar los costos de producción. El propósito es lograr una nueva política para garantizar que todos los productores tengan acceso a la semilla, el fertilizante, el combustible y los energéticos. En dicho decreto no sólo cobra relevancia la política de subsidios, también la nueva responsabilidad del estado en la producción de de las semillas y fertilizantes y en el establecimiento de nuevos canales de distribución, así como en la asociación para la compra consolidada de productos y en la garantía de que la Comisión Federal de Electricidad continuará como empresa responsable de los subsidios, tarifas y usuarios de energía para uso agrícola, y que Pemex seguirá siendo la empresa responsable de garantizar el acceso al diesel para la producción de alimentos.

OCTAVO DECRETO.- El decreto del ingreso al productor. El estado mexicano debe garantizar que el productor tenga un ingreso mínimo bajo el criterio de cubrir los costos de producción y una utilidad que le permita y le asegure su permanencia en las actividades agrícolas, en el cuidado del ambiente y en la producción de alimentos.

NOVENO DECRETO.- El decreto de la consulta obligatoria y la distribución de los beneficios. Las nuevas disposiciones en materia de hidrocarburos, electricidad, minería y proyectos energéticos han generado altos niveles de incertidumbre en los derechos de propiedad. El Ejecutivo Federal a partir de el presente decreto, debe establecer los criterios para someter a consulta y consentimiento de las comunidades y pobladores de los diversos territorios y zonas del país en que habrán de desarrollarse los proyectos de inversión en materia de hidrocarburos y minería, así como la participación de las comunidades en los beneficios de la explotación y en el establecimiento de las medidas de protección ambiental.

DÉCIMO DECRETO.- EL decreto de la evaluación y la rendición de cuentas. El objetivo fundamental de dicha disposición es garantizar un nuevo sistema de evaluación de la política y de los recursos definidos y aplicados en cada uno de los nueve decretos con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas, la corrección de posibles distorsiones. Es una nueva instancia de evaluación con participación de instituciones académicas, la FAO y organizaciones de productores y de la sociedad civil.

México DF a 8 de julio 2014