Barzon Chihuahua

La Reforma Energética nacional está incompleta porque no aborda las necesidades específicas de la producción rural, que afectan en especial al Desierto Chihuahuense, por ser un extremo climático del país con alto gasto energético para el cultivo del campo, cuya problemática debe enfocarse a la luz de la reforma estructural pendiente para la transición energética en el sector agropecuario.

Es importante hacer conciencia, de que la crisis de energía rural se disparó en la entidad por el impacto combinado del cambio climático y de la política de la globalización, en 2001, con la huelga de pagos de electricidad agrícola en el noveno año de la sequía iniciada en la última década del siglo pasado, cuando el abatimiento de los pozos obligó a bombear de cada vez mayor profundidad, con un gasto energético extraordinario para la sobrevivencia de la actividad agrícola, enfrentando la inflexible actitud de la Comisión Federal de Electricidad, que enmedio de la crisis ambiental seguía aumentando sus tarifas, a tapaojos con la doctrina de internacionalizar el campo mexicano.

La incomprensión de la situación regional ha llevado al autoritarismo oficial, que confunde la crisis de la política rural y de la estructura agrícola con un simple problema de cartera vencida de electricidad, ante lo cual emerge la resistencia campesina. Agravándose el problema de fondo con el paso del tiempo, por el diagnóstico equivocado y el tratamiento fallido, en tanto avanzan los verdaderos enemigos, que son la carestía energética galopante y el flagelo de las contingencias climáticas extremas, frente a los cuales resalta la crisis de las instituciones rurales y de la forma gobierno de los recursos naturales.

Además de la administración desleal del mercado externo, contraria a los legítimos intereses regionales, a los que la autoridad federal golpea con la importación de productos subsidiados en su país de origen, los cuales desplazan a los productos nacionales, con precios menores a sus costos de producción. Como es el caso de la entrada masiva de manzana extranjera de dudosa calidad en el presente año, que afecta la comercialización de la producción local y hasta hace incosteable su cosecha en algunos casos.

A 14 años de iniciada la crisis de energía rural en el Desierto Chihuahuense, no ha cambiado en lo esencial la crisis institucional que genera situaciones conflictivas recurrentes. Por eso las autoridades y las organizaciones del campo, reiteramos la necesidad de actualizar la política agrícola regional, mediante la reforma y la debida aplicación de la Ley de Energía para el Campo, con medidas de apoyo para reducir las asimetrías con respecto a otros países, mediante precios y tarifas de estímulo de los energéticos agropecuarios y sobre todo con un plan congruente de transición energética, que tome en cuenta las diferencias regionales del país.

El problema de fondo en este momento no es tanto el pago de los adeudos de electricidad rural, sino impulsar la estrategia de la transición energética, con programas de eficiencia electromecánica de los pozos agrícolas, la tecnificación de riego y el aprovechamiento de las energías renovables, con planes de inversión multianual; incluyendo la aplicación de los pagos de electricidad agrícola en la propia región y de otros recursos más.

Así mismo, se requiere una política comercial justa y congruente con el mercado interno, de acuerdo a las necesidades del desarrollo de la planta productiva agropecuaria y de la población del campo mexicano.

 

CAMBIAR LA FORMA DE GOBERNAR EL AGUA

El problema actual de la energía agrícola en el Desierto Chihuahuense es consecuencia de la ineficiente administración del agua, entre otras causas. Los gobiernos nacionales se han concedido facultades unilaterales para administrar el agua en el territorio del país, así como de los bosques y otros bienes comunes de la administración territorial, con reglamentos complejos que no tiene capacidad real de monitorear su aplicación, produciendo graves deficiencias en la estructura económica rural así como impactos en la ecología regional.

Como sucede en el estado de Chihuahua, donde el régimen hidráulico impuesto por el gobierno federal, carece de una planeación hidrológica eficaz, generando en la práctica una competencia desbocada por el agua mediante la perforación de pozos agrícolas sin control, que el gobierno federal no pudo frenar, sino al contrario, la estimuló con acciones tales como la electrificación indiscriminada de pozos ilegales por parte de la Comisión Federal de Electricidad, y otras prácticas que hoy complican la existencia de la planta productiva agrícola por efecto de actos oficiales.

La conducta de los mandos centrales ha puesto condiciones para el agravamiento del caos del uso del agua en esta extrema región del país, con decisiones de autoridades lejanas que enturbian las condiciones locales donde las personas enfrentan un dilema inducido debido a externalidades creadas por las acciones de otros, ante las cuales se realizan sólo cálculos estrechos y a corto plazo, supuestamente racionales, que llevan a los individuos a disputar las aguas subterráneas dañando el recurso natural y a sí mismos, así como a otros sin poder encontrar maneras de cooperar para superar el problema, que se agravó en las recientes décadas, por la crisis institucional que ha afectado el equilibrio de las unidades de producción anteriormente instaladas en las áreas semidesérticas, con el impacto económico y ambiental causado por el abatimiento de los mantos freáticos debido a la sobreexplotación de los acuíferos mediante pozos cada vez más profundos, con el gasto extraordinario de energía y el efecto climático provocado por los supuestos de la racionalidad individual, con un árbitro federal lejano a la realidad de los hechos, que generan condiciones de anarquía y complicidad de intereses.

La forma actual de gobierno del agua no produce el equilibrio dinámico requerido de la vida en el territorio, porque no cuenta con los mecanismos de regulación que hace a las cuencas saludables. Es necesario corregir las instituciones. Los hechos demuestran que no es conveniente que la administración de los recursos naturales siga atenida a lejanas autoridades centrales.

Si la población regional no gobierna los recursos hidrológicos de su territorio, se contravienen las condiciones de equilibrio que les dieron origen, ya que es la vida misma, con su actividad y su reproducción, la que ha desarrollado las condiciones de la biosfera que la hacen habitable para muchas clases de vida y por lo tanto las condiciones resultantes son consecuencia y responsabilidad de la vida que la habita, de acuerdo al plan natural a desarrollar el entorno físico más hospitalario con las especies que conforman la vida regional.

Actualmente, más del 70% del territorio de la entidad presenta condiciones de deterioro que reducen su capacidad biológica. Las decisiones de la política hídrica nacional han atrofiado condiciones naturales y no han coincidido con las necesidades de la población regional, propiciando la sobreexplotación y el abatimiento de los acuíferos de las cuencas del Desierto Chihuahuense. Así como en la cordillera de la Sierra Madre se ha visto afectado el desarrollo regional en forma permanente, en las partes altas de las cuencas, donde la restricción del uso de agua de la cordillera limita el desarrollo de los sistemas alimentarios locales, en forma discriminatoria de los habitantes del territorio. Lo que es un despojo de sus derechos naturales y constitucionales, una deficiencia sistémica que mantiene condiciones de pobreza y de miseria y se traduce en la sobreexplotación del bosque y el deterioro de la biodiversidad, degradando la condición física de las cuencas, amenazando la capacidad hidrológica de las montañas y afectando a las comunidades de estas regiones ecológicas.

LA ADMINISTRACIÓN DE CUENCAS SALUDABLES

Los patrones de desarrollo del siglo pasado son causas determinantes de la crisis ambiental, económica e institucional del presente, que requieren el cambio en la forma de gobierno, con el criterio de compartir y administrar mejor el agua, para el equilibrio ecológico y social de las regiones.

Es momento de corregir la actitud convencional en materia de recursos  naturales, de la autoridad que suplanta el rol de responsabilidad que corresponde a las comunidades locales y a las personas en su propio ámbito de actividad. Es imperioso crear instituciones estables de autogestión, que permitan asumir compromisos compartidos de los usuarios del agua, con mecanismos de regulación y autocorrección, asesorados y supervisados técnicamente.

Las deficiencias de información sobre la apropiación del agua han sido una causa determinante de la falta de entendimiento de los problemas entre los usuarios del agua. El Padrón de Pozos Agrícolas abierto a los usuarios es un instrumento fundamental para la administración de los recursos hídricos en cada región hidrológica, para que sus apropiadores puedan comunicarse, discutir con datos estacionales y llegar a acuerdos periódicos sobre sus propios derechos y sistemas de sanciones. Su establecimiento es una necesidad de orden público, para emprender una nueva etapa del desarrollo institucional, mediante el empoderamiento de los usuarios en la responsabilidad de la administración de sus recursos naturales.

El desarrollo del gobierno de los recursos naturales es una tarea permanente, que debe partir del reconocimiento de la crisis institucional y la formación de consensos para la corrección del rumbo y el cambio de la forma de administración, con medidas compensatorias para el impulso de un plan de transición a un nuevo régimen tecnológico, a través de etapas paulatinas de una estrategia multianual, que requerirá actualizarse en respuesta a los retos de la evolución de las instituciones colectivas para los fines agroalimentarios y ambientales.

Conforme al acuerdo de las autoridades y los productores rurales, se requiere la reorientación de los recursos públicos y particulares a los compromisos de la estrategia de transición, con base en instituciones adecuadas al desarrollo de las cuencas saludables, como base del desarrollo agropecuario sustentable. Como el pago de los servicios ambientales de los ecosistemas, para su fortalecimiento mediante la formación de Fondos de Agua, por medio de los cuales gestionar más recursos para su aplicación ordenada y transparente, dirigidos a la forestación, reforestación, recuperación de suelos, retención de humedad, incremento de la cobertura vegetal, control de taludes, captura de carbono, protección de la biodiversidad, belleza del paisaje, producción local de fertilizantes e insumos orgánicos, desarrollo de prácticas culturales sustentables y otras actividades afines.

En la vertiente económica y social, es preciso impulsar Cooperativas del Agua para la operación de programas de obras de infraestructura y trabajos ambientales con la participación de las comunidades, así como el desarrollo de la agricultura familiar y de las tecnologías locales, con el fin de maximizar el reciclaje de los recursos materiales escasos y sus beneficios regionales.

Martín Solís Bustamanete

Barzón Chihuahua