medidor cfe

La cartera vencida de electricidad agrícola es una crisis de las instituciones rurales producida por el elevado costo energético de bombeo en algunas áreas de la entidad, ocasionado entre otras causas por la sobreexplotación de los mantos freáticos de los principales acuíferos del Desierto Chihuahuense, que ha generado la necesidad de profundizar cada vez más el nivel de bombeo, con un gasto energético extraordinario, que pone en cuestionamiento el modelo en el que se ha fincado la economía agrícola de la entidad, debido a una serie de decisiones federales de efectos acumulados al paso del tiempo.

Particularmente nociva ha sido la actuación de la Comisión Federal de Electricidad que presta el servicio de energía lo mismo a los pozos legales que a los ilegales, con la única diferencia de la tarifa de cobro, propiciando una grave problemática en la sustentabilidad ambiental y la prevención de la sobreexplotación de los acuíferos, no obstante que en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional se dice con toda claridad que el aprovechamiento de las aguas nacionales “no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal”.

El hecho es que de esa forma la CFE ha sido el instrumento operativo principal de la sobreexplotación de los mantos freáticos y del incremento desorbitado del costo energético de la extracción del agua del Desierto Chihuahuense desde gran profundidad, que hoy pretende cobrar a precios que rebasan la capacidad de pago de numerosos productores.

La misma Constitución Federal ha creado la confusión, por la disposición contenida en el párrafo quinto del propio artículo 27 constitucional, donde se establece el derecho al “libre alumbramiento” de aguas continentales en ciertas áreas, con base en el cual  se ampara el aprovechamiento de aguas nacionales sin concesión del gobierno federal, lo que ha provocado un efecto perverso al perforarse innumerables pozos sin concesión legal del gobierno federal pero al amparo constitucional. Lo que ha impulsado la sobreexplotación de las aguas del subsuelo, en pozos de libre alumbramiento y otros totalmente ilegales, con la complicidad fáctica de la autoridad oficial del servicio de electricidad, a la que no le corresponde discernir sobre la legalidad o no de los alumbramientos, y opera con el criterio pragmático de dar el servicio de electricidad a los particulares que se lo soliciten, sin reparar en la ilegalidad de muchos pozos a los que da servicio.

Si no hubiera áreas de libre alumbramiento la CFE no tendría problema para distinguir sobre la legalidad de los pozos, pues no habría motivo de confusión y sólo se electrificarían oficialmente los pozos con el documento de concesión federal que la Constitución impone en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.

De cualquier modo, el hecho relevante es que la propia CFE es causante material de que muchos agricultores tengan dificultades mayores para pagar las facturas de energía eléctrica. Pero más relevante es que las áreas de “libre alumbramiento” no estaban consideradas en el texto original de la Constitución de 1917, la cual no adolecía de ninguna ambigüedad en la materia.

¿En qué momento y por qué se introdujo la ambigüedad constitucional que ha propiciado la sobreexplotación de los acuíferos de la entidad?

La figura del libre alumbramiento de aguas nacionales fue la quinta modificación del artículo 27 constitucional y la primera que no se aprobó por unanimidad. Por lo contrario, fue muy discutida la iniciativa que tardó dos años en avanzar y sólo fue aprobada por 97 diputados.

La iniciativa de modificación constitucional se presentó en 1943 y fue aprobada en 1945. Su aparición fue con el motivo de facilitar el “aprovechamiento de las aguas de propiedad nacional”, en el mismo momento histórico en que se entregaba en forma organizada y a gran escala las aguas de Chihuahua a la agricultura de la costa del Pacífico. Son conocidas las presiones políticas que tuvo el presidente Cárdenas a raíz de la expulsión del general Calles, cabeza del grupo de Sonora, que se redujeron con el otorgamiento a mayor medida de las aguas de Chihuahua a los sonorenses. A cambio de ello Cárdenas autorizó desde el final de su gobierno las concesiones ganaderas a prominentes chihuahuenses, y continuando en el poder como Secretario de la Defensa del gobierno que le sucedió en el mando, hacia el final de ese sexenio se autorizó la figura de libre alumbramiento de aguas del subsuelo, con el efecto inmediato de facilitar el acceso de agua a numerosos habitantes del altiplano, mediante una medida legislativa de gobernabilidad, que desde su aprobación no convenció a muchos y con el tiempo habría de convertirse en una trampa para la sobreexplotación y la sustentabilidad, ayudando a desatar la fuerte competencia por el agua, incentivada por causas políticas mas no hidrológicas.

En este contexto se abre la puerta a la ambigüedad  constitucional y a la confusión legal, pues al permitir la existencia de pozos sin concesión expresa de la autoridad del agua se amplió también la entrada a la ilegalidad que aprovechó esa hendidura jurídica y con el tiempo aumentó la incongruencia de la autoridad del servicio eléctrico, conforme fueron electrificándose más pozos con concesión oficial, de libre alumbramiento e ilegales.

Es muy explicable que, en esta perspectiva histórica se haya entrampado también la CFE, al generar condiciones para volver impagables muchas de sus facturas en los acuíferos sobreexplotados.

Por tal razón lo más justo es que, al momento de hacer crisis la situación procreada desde ocho décadas atrás:

1) Se apoye la autogestión vigorosa de los usuarios organizados por distritos del agua para defender sus legítimos intereses y de la comunidad.

2) Se establezca un sistema de Padrón de Pozos Agrícolas abierto para la regulación de las aguas en cada distrito hidrológico

3) Se inviertan los pagos de electricidad agrícola en la transición energética de la propia región.

4) Se establezcan Fondos de Agua para organizar la inversión para la recuperación de la salud de las cuencas de la entidad.

5) Se autorice el aprovechamiento del agua de la cordillera de la Sierra Madre, para abatir la pobreza y la miseria estructural fomentada con la discriminación en el acceso de las comunidades serranas al agua de su propio territorio.

6) Se impulsen las obras para mejorar los servicios ambientales de los ecosistemas y el desarrollo tecnológico mediante sistemas cooperativos, que permitan compartir y administrar mejor el agua, dentro de una estrategia hidrológica concertada entre las partes involucradas.

Barzón Chihuahua